Bombardeos Sin Evidencia y Violaciones al Derecho Internacional
Para profesionales de la industria del cannabis en México y activistas de políticas de drogas, las recientes acciones militares de Estados Unidos en el Caribe representan una escalada preocupante de la guerra contra las drogas que impacta directamente la región latinoamericana.
¿Qué está pasando realmente en el Caribe?
La administración Trump ha ejecutado múltiples ataques militares contra embarcaciones en la región del Caribe desde inicios de 2025, justificándolos como parte de una campaña antidroga. Los datos son alarmantes:
- 32 personas muertas en operaciones militares sin identificación confirmada
- Cero evidencia presentada de que los barcos atacados transportaban drogas
- Guardacostas estadounidenses excluidos de las operaciones, la agencia legalmente responsable de interceptar traficantes
¿Por qué esto importa para la industria del cannabis en México?
Esta política refleja la persistencia de estrategias prohibicionistas que han fracasado durante décadas en América Latina. Para quienes trabajan en la regulación del cannabis en México, representa:
- Un recordatorio de cómo la militarización de la lucha antidrogas genera violencia sin resolver problemas de salud pública
- Evidencia de que Estados Unidos continúa priorizando acciones espectaculares sobre soluciones basadas en evidencia
- Una advertencia sobre la presión que podría ejercerse en la región contra políticas regulatorias progresistas
Las inconsistencias de la narrativa oficial
El mito del fentanyl venezolano
La administración Trump ha justificado los bombardeos afirmando que Venezuela es fuente de fentanyl que ingresa a Estados Unidos. Corresponsales especializados en narcotráfico latinoamericano desmienten esta afirmación rotundamente:
- El fentanyl se sintetiza en México usando precursores químicos de China
- Los cargamentos cruzan directamente por la frontera sur terrestre hacia Estados Unidos
- Venezuela sirve como punto de tránsito de cocaína, no fentanyl
- Los barcos atacados transportaban cocaína destinada a Europa y África Occidental, no a territorio estadounidense
Despliegue militar desproporcionado
La presencia del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, frente a las costas venezolanas revela objetivos que van más allá del control de narcóticos. Expertos señalan que el verdadero propósito parece ser ejercer presión política sobre el gobierno de Nicolás Maduro, no combatir el tráfico de drogas.
Violaciones legales y dimisiones militares
Jim Jones, ex procurador general republicano de Idaho, calificó estas acciones como «arte performativo» en lugar de estrategia militar legítima. Sus críticas son contundentes:
- Destruir embarcaciones sospechosas elimina evidencia crucial para investigaciones
- Impide interrogar sospechosos y desmantelar redes de suministro
- Viola la ley estadounidense al no contar con autorización del Congreso para uso de fuerza letal
- Contraviene el derecho internacional que restringe acciones militares contra civiles fuera de zonas de guerra
Crisis en el liderazgo militar
Las consecuencias de esta política ya son visibles en la estructura militar estadounidense:
- El secretario de Defensa Pete Hegseth despidió a múltiples jueces-abogados generales (JAG), los oficiales encargados de garantizar que las órdenes militares cumplan con las leyes nacionales e internacionales
- El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de EE.UU., anunció su retiro anticipado inesperado
- El coronel Doug Krugman renunció citando el «meprecio por la Constitución» de la administración Trump
Lecciones del Pentágono ignoradas
Irónicamente, un informe de 2015 del Institute for Defense Analyses comisionado por el Departamento de Defensa identificó la corrupción, no la fuerza militar, como el principal factor que facilita el narcotráfico global.
Trafiquantes entrevistados revelaron que el soborno a policías, políticos y militares es esencial para sus operaciones, con tarifas específicas:
- $10,000 USD por información sobre operativos
- $100,000 USD por alertas de órdenes de extradición
- Millones de dólares por protección contra procesos judiciales
Incluso ex funcionarios de la DEA que colaboraron en ese reporte critican los bombardeos actuales. William Simpkins, ex administrador interino de la DEA, fue directo: «Hacer explotar ese primer barco es un asesinato extrajudicial».
¿Funciona la militarización antidrogas?
La respuesta es un rotundo no. Décadas de operaciones antidroga militarizadas desde Colombia hasta Afganistán no han alterado significativamente los flujos globales de estupefacientes.
Como concluyó Simpkins: «Mientras exista demanda, la oferta seguirá llegando. Encarcelar a todos no resolvió el problema. Hacer explotar 11 personas en un barco destartalado tampoco lo resolverá».
Implicaciones para México y la industria del cannabis
Esta escalada militar en el Caribe debe servir como recordatorio para la comunidad cannábica mexicana:
- Las políticas prohibicionistas generan más violencia que soluciones: Los bombardeos sin debido proceso representan la expresión más extrema del fracaso de la guerra contra las drogas
- La presión estadounidense persiste: A pesar del avance hacia la regulación del cannabis en varios estados de EE.UU., la administración federal mantiene una postura agresivamente prohibicionista en política exterior
- La regulación basada en evidencia es urgente: México necesita consolidar marcos regulatorios del cannabis que demuestren cómo la legalización reduce violencia y mercados ilegales, contrarrestando narrativas militaristas
- La cooperación regional es clave: Los países latinoamericanos deben coordinar posiciones frente a políticas que vulneran soberanía y derechos humanos bajo pretextos antidrogas
Conclusión: Una guerra sin ley, sin rumbo, sin fin
Las operaciones militares en el Caribe exponen una verdad incómoda: la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos se ha convertido en una guerra sin evidencia legal, sin justificación estratégica y sin resultados medibles.
Para profesionales del cannabis en México, este episodio refuerza la necesidad de defender modelos regulatorios que prioricen salud pública, reducción de daños y legalidad sobre espectáculo militar y retórica prohibicionista.
La pregunta ya no es si la guerra contra las drogas funciona —sabemos que no— sino cuándo los gobiernos tendrán el valor de implementar alternativas basadas en derechos humanos y evidencia científica.
Fuentes:
Idaho Capital Sun – Análisis de Jim Jones
Sky News – Reportaje de Stuart Ramsay sobre Venezuela y fentanyl
The Intercept – Documentos del Pentágono sobre militarización antidrogas
